El acusado utilizó solicitudes falsas de préstamos durante la pandemia; el expediente incluye lavado de dinero y pérdidas millonarias.
Un tribunal federal de Los Ángeles condenó el viernes 9 de octubre a Sarkis Sarkisyan, residente de North Hollywood, a 70 meses de prisión por su participación en esquemas de fraude vinculados con programas estadounidenses de apoyo económico durante la pandemia. El Departamento de Justicia informó que las operaciones investigadas provocaron pérdidas cercanas a cinco millones de dólares, en un asunto que ilustra las consecuencias penales de falsear información para acceder a recursos destinados a empresas en crisis.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Cynthia Valenzuela después de que Sarkisyan se declarara culpable, el 29 de abril, de dos cargos de fraude electrónico y uno de lavado de dinero mediante transacciones. Uno de los episodios consistió en solicitar de manera fraudulenta un préstamo del Programa de Protección de Nóminas (PPP) por 786,457 dólares y realizar posteriormente una operación de 25,000 dólares relacionada con los fondos. La investigación también identificó préstamos por más de cuatro millones de dólares obtenidos mediante otro programa de la Administración de Pequeñas Empresas.
Los fiscales señalaron además intentos de obtener dos préstamos adicionales por desastre económico de 500,000 dólares cada uno. Los programas habían sido creados para sostener nóminas y actividad empresarial en una situación extraordinaria, pero las autoridades sostuvieron que el condenado los utilizó mediante información y operaciones engañosas. La causa combina la falsedad de las solicitudes con el rastreo de la disposición de los recursos, una distinción relevante para comprender la concurrencia de delitos patrimoniales y de lavado.
El caso vuelve a colocar en primer plano el control posterior de subsidios y créditos de emergencia. Para la práctica penal, destaca la importancia de reconstruir documentalmente cada solicitud, comprobar el destino del dinero y distinguir entre la obtención ilícita de recursos y los actos posteriores de ocultamiento o transferencia. La condena es una decisión judicial, no una mera imputación fiscal.
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