Un tribunal de Chicago sancionó la utilización de solicitudes con nóminas y plantillas ficticias para obtener créditos de emergencia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 9 de octubre que Darren Carlyle Sadler, empresario de California, fue condenado a tres años y medio de prisión federal por participar en un esquema que permitió obtener fraudulentamente más de 14 millones de dólares en préstamos empresariales durante la pandemia. La resolución se dio a conocer en Chicago y se relaciona con el Programa de Protección de Nóminas, concebido por la legislación CARES para mantener la actividad de pequeñas empresas y sus trabajadores.
Según la fiscalía federal del Distrito Norte de Illinois, en 2020 Sadler presentó o hizo presentar al menos 63 solicitudes de préstamo para él y para clientes. Los formularios contenían afirmaciones falsas, entre ellas el número de empleados y el promedio mensual de pagos de nómina. Esos datos resultaban determinantes porque servían para calcular el monto de la ayuda y establecer si la empresa podía acceder al beneficio.
Las solicitudes dieron lugar a préstamos por más de 14 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 1.3 millones correspondieron al propio Sadler. El caso pone de relieve que la conducta no se limitó a una declaración incorrecta aislada, sino que comprendió la presentación reiterada de documentos ante entidades que tramitaban recursos respaldados por el gobierno federal. El volumen de solicitudes también explica por qué la investigación examinó tanto al beneficiario directo como la intermediación realizada para terceros.
Desde la perspectiva jurídico-penal, la noticia muestra cómo la prueba contable, los registros bancarios y la información laboral se convierten en elementos centrales para acreditar una maniobra fraudulenta. Para empresas y asesores, subraya la necesidad de conservar soportes verificables de empleados, nóminas y declaraciones utilizadas en trámites crediticios. La pena comunicada corresponde a una sentencia judicial y no debe confundirse con la cifra económica total del fraude.
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