Fotografía: Eduardo Estala Rojas
El juez y académico centró el análisis en la estructura criminal, las redes de apoyo y los recursos destinados a corromper autoridades.
GUANAJUATO, Gto.— Las diferencias entre el expediente judicial, el relato periodístico y la recreación literaria del caso de Las Poquianchis fueron examinadas durante el conversatorio Las Poquianchis a través del tiempo: Historia, Literatura, Prensa y Derecho Penal, celebrado el 26 de agosto en la Biblioteca Pública “Fulgencio Vargas”. Participaron Federico Velio Ortega Delgado, Ignacio Navarro Camarena y Gilberto Martiñón Cano como ponentes, y Emilia del Carmen Nava Luna como presentadora en una actividad convocada por la Secretaría de Cultura del municipio de Guanajuato.
Nava Luna realizó una presentación poniendo de relevancia la trascendencia del caso en el imaginario guanajuatense, así como las distintas vertientes que puede tomar el caso: literaria, dramatúrgica, investigativa y jurídica. La también autora de la obra “El casino del danzón” también puso de relevancia la fascinación que puede ejercer el caso sobre las generaciones actuales.
Ortega Delgado analizó la construcción periodística del caso y la forma en que la nota roja convirtió los hechos en un fenómeno nacional. “En la prensa hay un contraste terrible”, señaló, pues “la prensa, como referente, es un ejercicio de subjetividad, por más que se venda como objetiva”.
Navarro Camarena abordó la transformación literaria realizada por Jorge Ibargüengoitia en Las muertas y advirtió que ninguna fuente basta por sí sola para reconstruir el caso: “Para que tú sepas la verdad, tendrías que leer el expediente, leerlo bien; leer la prensa, leerla bien, con sus asegunes; y leer la novela, y leerla bien”.
La intervención jurídica estuvo a cargo de Gilberto Martiñón Cano, quien recordó que el expediente permaneció extraviado durante décadas y debió ser reconstruido “con retazos, con fragmentos”. Al contrastar la causa penal con la versión difundida por la prensa y retomada incluso por el libro Guinness, precisó que se atribuyeron 90 muertes a las hermanas González Valenzuela, mientras que “en el expediente solamente aparecen ocho”.
Martiñón Cano sostuvo que los hechos no deben analizarse únicamente desde la responsabilidad individual de las sentenciadas. “Estamos hablando de una empresa criminal, una estructura criminal”, afirmó, al destacar la necesidad de investigar a quienes integraban sus redes de operación y protección.
El jurista también puso el acento en el componente económico del caso: “Tenían unos recursos para poder comprar a las autoridades”. Sobre aquella estructura financiera, dejó abiertas tres preguntas que mantienen vigente la discusión: “¿Dónde está? ¿Desapareció o se transformó? ¿Existía o existe?”.
